El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha emitido un informe demoledor en el que califica de "insuficiente e ineficaz" el plan de clausura de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia en Huelva. Según ha contado la Cadena SER, el dictamen solicitado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, concluye que el proyecto no impide la liberación de contaminantes ni garantiza una restauración ambiental efectiva.
El documento, elaborado por el Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto, analiza más de una veintena de estudios técnicos y científicos, incluidos los encargados por la propia Fertiberia, y valida por primera vez en sede judicial las advertencias del comité de expertos de la Universidad de Huelva sobre el hundimiento estructural de los depósitos, en especial en la zona 2.
Además, se han detectado más de 60 puntos de fuga, filtraciones a acuíferos conectados con Doñana y vertidos que afectan gravemente al Estero del Rincón y al río Tinto. Las concentraciones de metales como arsénico, cadmio o cobre superan entre 100 y 1.000 veces los límites legales, y también se ha detectado radioactividad beta y un proceso de eutrofización que daña la biodiversidad local.
Ante esta situación, la Fiscalía ha planteado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2020. Entre las medidas propuestas se incluye la retirada parcial de residuos en las zonas más comprometidas estructuralmente, con el objetivo de frenar el colapso y mejorar la seguridad del entorno.
Las balsas, situadas a menos de 300 metros del casco urbano de Huelva, contienen alrededor de 100 millones de toneladas de residuos acumulados durante décadas sin aislamiento, sobre suelo natural. El informe concluye que el proyecto actual no permite alcanzar los objetivos mínimos de descontaminación, ni garantiza la protección de especies, aguas, suelos o atmósfera en un espacio con figuras de protección ambiental como las Marismas del Odiel o el Estuario del Tinto.
Fertiberia, por su parte, defiende la legalidad del proyecto Restore 20/30 y asegura que “toda la documentación en la que se basa el informe ya ha sido analizada por los organismos que autorizaron la ejecución del Proyecto”. La compañía considera que “no se ha producido ninguna variación en las circunstancias existentes en el momento en que se inició la ejecución del Proyecto Restore 20/30, hace ya más de un año”. Además, afirma que el proyecto “continúa desarrollándose con pleno respeto a las resoluciones administrativas y judiciales que, tras un exhaustivo proceso de análisis y supervisión durante más de 15 años, autorizaron su puesta en marcha”.
La empresa también recuerda que “la solidez técnica del proyecto fue determinante para la desestimación del incidente de ejecución de sentencia promovido por la Mesa de la Ría, en el que ya se solicitaba, entre otras cuestiones, la modificación de la Declaración Ambiental Integrada”. Asimismo, añade que el plan está “sometido a rigurosas medidas de vigilancia y control, así como a una supervisión constante por parte de las autoridades competentes”. En este marco, concluye que “continúa ejecutando el proyecto con total normalidad y en estricto cumplimiento del marco legal y ambiental vigente, conforme a la planificación establecida”.
