En política, las mayorías absolutas son cada vez más escasas y los gobiernos en solitario pertenecen, en muchos casos, a otra época. La fragmentación parlamentaria obliga a los partidos a entenderse, negociar y asumir que gobernar no consiste únicamente en ganar elecciones, sino también en ser capaces de construir acuerdos duraderos. Andalucía no es una excepción. En este contexto, la posibilidad de un entendimiento entre PP y Vox no debería contemplarse como una anomalía, sino como una consecuencia lógica de la aritmética parlamentaria y de la necesidad de garantizar estabilidad institucional.
Durante demasiado tiempo, la política española ha vivido instalada en el bloqueo permanente. Las campañas electorales parecen no terminar nunca y la confrontación se ha convertido en una herramienta más rentable que el consenso. Sin embargo, los ciudadanos no votan para asistir a un espectáculo de vetos cruzados, sino para que sus representantes sean capaces de gestionar los problemas reales: empleo, vivienda, sanidad, educación o infraestructuras. Cuando las fuerzas políticas son incapaces de alcanzar acuerdos, quienes terminan pagando el precio son los propios ciudadanos.
En Andalucía, una comunidad con enormes retos económicos y sociales, la estabilidad política es especialmente importante. La región necesita atraer inversión, consolidar proyectos empresariales y transmitir confianza tanto dentro como fuera de España. Ningún inversor apuesta por un territorio marcado por la incertidumbre institucional o por la posibilidad constante de elecciones anticipadas. Un gobierno estable no garantiza automáticamente una buena gestión, pero sí ofrece un marco más previsible para desarrollar políticas a medio y largo plazo.
Por ello, un acuerdo entre PP y Vox podría interpretarse como un ejercicio de responsabilidad política.
Mientras tanto, conviene no perder la calma. Todo apunta que el PP, que reconoce que aún no ha levantado el teléfono, podría proponer a los de Santiago Abascal, que comienzan a ponerse nerviosos, un acuerdo que vaya más allá de la investidura para garantizarse la estabilidad.
Al final, la madurez democrática no se mide por la ausencia de discrepancias, sino por la capacidad de convertir esas diferencias en acuerdos útiles para la sociedad. Y en tiempos de polarización permanente, quizá lo verdaderamente irresponsable no sea pactar, sino negarse a hacerlo.
