El joven ingresó en una casa de acogida salmantina y fue inscrito en el Registro Civil como Kevin Christian Bouraga, utilizando el apellido de su madre biológica, una mujer marroquí con la que apenas ha tenido contacto y de la que no sabe nada desde hace más de 10 años. Con apenas un año, fue acogido por Dolores, su esposo, Aurelio, y la otra hija del matrimonio, la familia con la que ha crecido desde entonces y con la que sigue conviviendo a día de hoy. Su familia.
El diario La Mar de Onuba refleja que en 2015, la Administración decidió que Kevin debía dejar de llamarse Kevin. Basándose en que su madre biológica es marroquí, se determinó que le correspondía la nacionalidad marroquí por asignación. La realidad es que el joven nunca ha tenido contacto con Marruecos, no ha vivido allí, apenas conoce a su madre biológica y carece de vínculos familiares o sociales en ese país.
A pesar de eso, se procedió al cambio forzoso de nombre, en contra de su propia voluntad como la de su familia de acogida. Kevin quedó registrado como Abdul Bouraga como anexo a su partida de nacimiento.
Ahora, tal y como refleja Perico Echevarría bajo su firma en La Mar de Onuba, la subdelegación del Gobierno en Huelva y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública le exigen la presentación de un pasaporte marroquí y un certificado de antecedentes penales de Marruecos para tramitar la nacionalidad española y para renovar la cédula de inscripción que le permite residir legalmente en España.
El problema es que Kevin no puede conseguir esos documentos. La administración española le exige que obtenga una documentación que no existe. Por su parte, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, deniega su solicitud de nacionalidad alegando que Kevin no ha acreditado el "suficiente grado de integración" en la sociedad española, aunque cabe recordar que ha pasado toda su vida en España, ha sido escolarizado en el sistema educativo público español y cuya lengua materna —y única— es el castellano.
Unas semanas antes, Kevin recibió la notificación que haría tambalear su ya precaria estabilidad. La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, firmó una Resolución en la que daba un plazo de 15 días para abandonar España. Su "destino" sería Marruecos, un país en el que Kevin nunca ha estado, que no lo reconoce como nacional y en el que no tiene familiares ni apoyo alguno.
Hoy día, y aunque ni él ni su familia creen que esto llegue a producirse, Kevin vive bajo la amenaza de ser deportado y en un limbo jurídico que le impide trabajar, acceder a prestaciones o sacarse el carné de conducir. Dolores y su esposo, Aurelio, han intentado adoptarlo legalmente para ofrecerle la estabilidad que ya le han dado emocionalmente durante más de 23 de sus 24 años de vida, pero cada paso dado ha chocado contra un obstáculo administrativo, según informa La Mar de Onuba.
Se ha habilitado una recogida de firmas en la plataforma Change.org. Pueden acceder pinchando aquí.
