Cuenta con un parque móvil de 3.917, la mayoría vinculados a la actividad agrícola y de defensa del medio ambiente, y 74 destinados a los altos cargos
N. A.
El sonido de algunos es más macizo que el de otros que recorren menos caminos secundarios. El Gobierno andaluz tiene una flota automovilística que en 2010 llegó a estar integrada por 4.655 vehículos, de los que 278 estaban asignados a altos cargos, para sus desplazamientos con chófer, según reconoció la propia Junta; y que ahora, más de una década después, cuenta con 3.917 unidades, 738 menos, de acuerdo a la información que consta en el portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico.
La Junta presta servicios en el territorio amplio que constituye Andalucía, una comunidad que tiene una extensión de 87.599 kilómetros cuadrados, así como en sectores diversos. De hecho, de acuerdo a lo reflejado en una tabla de datos actualizada por última vez el pasado 14 de octubre y consultada por Huelva Hoy, del global de vehículos cercano a los 4.000 mencionados, más de la mitad, 2.100 (53,61%), están destinados a tareas agrarias y de defensa del medio ambiente.
Junto a ellos, otros 296 (7,56%) están vinculados a las carreteras y 291 (7,43) a la actividad policial y judicial.
El área sanitaria acapara 415 (10.59%) elementos de ese parque móvil público y los servicios administrativos tienen asignados 741 (18.92%).
Por último, hay 74 automóviles oficiales de “representación” política (1.89%), los ligados a los cargos de la Administración regional. Estos han disminuido en tres, con respecto a los 77 registrados en 2018, con el último Gobierno socialista.
Poco más se conoce de esa flota, ya que no se facilitan detalles acerca de sus características ni del coste que suponen en combustible, por ejemplo.
Es conocido, en cambio, que la Junta adquirió en junio del pasado año más de un centenar de vehículos híbridos y eléctricos en concreto para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y para el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la comunidad (Infoca), en el ámbito de la "revolución verde" impulsada por el actual Gobierno autonómico. Se trató, según trasladaron desde la Junta, de una primera remesa a completar, gracias a una inversión cercana a los 20 millones de euros, con detalle, a un desembolso de 19,4.
