Acuerda la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la SEPI y el resto de investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental. Declara responsables civiles a la Junta y a cinco empresas
N. Acedo
Muchos de ellos saltarán de semipenumbras privadas confortables al banquillo de los acusados. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha acordado la apertura de juicio oral contra dieciséis encausados en el proceso en el que se han investigado supuestas anomalías en la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar por parte del Gobierno andaluz a través de un concurso público. Entre ellos se encuentran el que fuera secretario general de la Consejería de Innovación y luego presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la ex directora general de Minas de la Junta María José Asensio y los dueños de Magtel, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno. El resto son en su mayoría funcionarios de la Administración autonómica que formaron parte de la comisión técnica que evaluó las ofertas de las empresas que pretendían reactivar el yacimiento minero, al margen de la agrupación Grupo México/Minorbis a la que se le asignó, y de la mesa de contratación que las seleccionó.
Se les acusa de un rosario de supuestos delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.
La jueza ha ratificado la situación de libertad de todos los encausados hasta que llegue el juicio y ha estimado también, en un auto fechado el pasado 29 de octubre al que ha tenido acceso Huelva Hoy, notificar, “a efectos de salvaguardar todas las garantías procesales”, su condición de responsables civiles a “la Junta de Andalucía” y a “los legales representantes de las entidades” Minorbis, Grupo México, Iberia Mining y Minera los Frailes, esta última, la sociedad que finalmente opera en la mina.
La magistrada decide también sobre la medida cautelar solicitada por la Federación sevillana de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular en la causa, ligada a la suspensión de diversos procedimientos administrativos derivados del concurso-tronco del caso judicial, a la autorización del plan especial de actuación de Minera los Frailes o a un permiso de vertido tramitado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y lo hace para denegar lo demandado. Ello, "sin perjuicio de que por las partes legitimadas pueda instarse su adopción ante la jurisdicción contencioso administrativa", según se matiza en la resolución consultada por este diario.
Tampoco procede para Fernández "efectuar requerimiento en cuanto al pago de fianza" a los procesados y sí declarar "órgano competente" para el "conocimiento y enjuiciamiento de la causa a la Audiencia Provincial" de Sevilla.
Seis años de proceso
Llegados a este punto se puede aseverar que ha sido un proceso largo que arrancó en 2015, hace seis años, y que ha tendido hacia el archivo para acabar en juicio. De hecho, la instructora intentó en dos ocasiones darle carpetazo durante ese tiempo, pero fue enmendada por la Sección Séptima del mencionado tribunal provincial en sendos autos de los que fue ponente la mediática magistrada, por su vinculación con "macrocausas" como la de los presuntos expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en la que se condenó a dos ex presidentes andaluces, Mercedes Alaya.
