La escalada de agresiones a médicos en la provincia de Huelva ha llevado al Colegio de Médicos a exigir a la Junta de Andalucía medidas urgentes para reforzar la seguridad en los centros de salud, sobre todo en aquellos que mantienen urgencias nocturnas. La institución colegial ha hecho público un informe en el que reclama la implantación inmediata de vigilantes de seguridad como respuesta al aumento de los episodios de violencia física y verbal registrados en los últimos años y a la creciente gravedad de algunos de estos incidentes.
El secretario del colegio, Juan Javier Márquez Cabeza, ha presentado un balance correspondiente a 2025 que refleja un notable empeoramiento de la situación. Según esos datos, durante el pasado año se denunciaron 15 agresiones a facultativos, frente a las 9 del ejercicio anterior, lo que representa un aumento del 67 por ciento. La distribución de los casos evidencia además que el principal foco de riesgo se sitúa en la Atención Primaria, donde se produjeron nueve de los quince episodios, seis de ellos en servicios de urgencia.
El resto de incidentes tuvo lugar en distintos ámbitos asistenciales: dos en hospitales, dos en atención domiciliaria, unoen una residencia de mayores a la que se había desplazado un médico de Primaria y uno en la vía pública. De los quince casos registrados, cinco fueron agresiones físicas y el resto correspondieron a agresiones verbales, con insultos y amenazas. El colegio advierte, sin embargo, de que el fenómeno real es aún mayor, ya que muchas agresiones, especialmente las verbales, no llegan a denunciarse.
El informe incide en que la situación ha empeorado no solo en número, sino también en intensidad. En los últimos años se han producido episodios con uso de armas blancas, una circunstancia que la institución considera especialmente alarmante, aunque afortunadamente hasta ahora no haya habido víctimas mortales. El documento remarca que este tipo de sucesos provoca con frecuencia lesiones a profesionales sanitarios y de administración, y traza una línea ascendente desde 2023, cuando no hubo agresiones físicas a médicos, hasta 2025, con un total de cinco.
La preocupación del colegio se ha visto reforzada además por lo ocurrido en febrero de 2026, cuando ya se registró la primera agresión del año con arma blanca contra el equipo de urgencias del centro de salud de Ayamonte. Ese episodio, sumado a los antecedentes recientes, ha llevado a la institución a defender que la presencia de un vigilante de seguridad debe dejar de considerarse una medida excepcional y pasar a entenderse como un elemento básico de protección en los centros con mayor exposición.
En su argumentación, el Colegio de Médicos sostiene que esta medida sería semejante a la que ya existe en otros edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía, incluso en aquellos con menos tránsito de ciudadanos que los centros sanitarios. El informe propone priorizar los dispositivos con atención 24 horas y recuerda que los hospitales llevan décadas contando con vigilancia. En la provincia, hay 19 centros con atención continuada, pero solo Lepe dispone de vigilante. En la capital onubense, de los siete centros existentes, únicamente El Torrejón cuenta con este servicio, mientras el resto se cubre con rondas de un solo vigilante desde el antiguo Manuel Lois.
Para la institución colegial, la seguridad constituye una “barrera disuasoria” que puede resultar decisiva a la hora de prevenir agresiones y proteger la integridad física de quienes trabajan en la sanidad pública, así como la del resto de usuarios. El objetivo, subraya el colegio, no es solo responder cuando el incidente ya se ha producido, sino anticiparse a él con mecanismos visibles que reduzcan el riesgo y aumenten la sensación de protección.
El caso de Isla Cristina aparece en el informe como uno de los ejemplos más claros de esa necesidad. El pasado 2 de noviembre, un individuo irrumpió en un centro sanitario y amenazó con un arma blanca al médico presente. Posteriormente fue condenado a tres años y seis meses de prisión. Según recoge el documento, en el atestado la Guardia Civil llegó a solicitar “especiales medidas” ante el “fracaso de medidas represoras” frente a este tipo de violencia, una valoración que el colegio utiliza para reforzar su petición de vigilancia permanente.
La entidad advierte además de un cambio profundo en la percepción social y profesional del problema. Si hace décadas las agresiones a sanitarios eran consideradas hechos excepcionales, ahora se han convertido en una realidad cada vez más frecuente. El informe habla incluso de “relatos estremecedores” de altercados que comprometen la seguridad de los médicos. En paralelo, las agresiones verbales han terminado por asumirse en muchos casos como una parte más del trabajo cotidiano, algo que el Colegio de Médicos rechaza frontalmente y que, además, ya está recogido como riesgo en la evaluación laboral de estos profesionales.
Los datos de 2025 muestran, además, que las víctimas fueron ocho mujeres y siete hombres, y que en cinco casos las agresiones derivaron en baja laboral. Los incidentes se produjeron principalmente en situaciones de actividad no programada, siendo el desacuerdo con la atención recibida el motivo más frecuente detrás de los ataques denunciados.
Desde el Colegio de Médicos se insiste en que cualquier agresión afecta de forma directa a la calidad de la asistencia, porque genera inseguridad en los profesionales y deteriora las condiciones en las que se atiende al resto de pacientes. Por eso, reclama una respuesta integral que combine vigilancia, sensibilización social y un sistema que impida la impunidad de las conductas agresivas, incluidas las verbales. La institución recuerda, además, que agredir a un médico constituye un atentado a la autoridad, con penas que pueden alcanzar los cuatro años de prisión y multas.
Finalmente, Juan Javier Márquez Cabeza ha llamado a los facultativos a denunciar todas las agresiones, con la garantía de que el colegio les proporcionará apoyo legal a través de su departamento jurídico y asistencia en otros ámbitos necesarios, incluida la atención psicológica. El mensaje de fondo es claro: la violencia contra los profesionales sanitarios no puede seguir normalizándose y exige una respuesta firme, visible y sostenida en el tiempo.
