La huelga del personal auxiliar de enfermería en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud en Huelva este viernes 28 de noviembre ha tenido un impacto directo sobre la actividad sanitaria del Hospital Vázquez Díaz, donde todas las operaciones programadas por la mañana han sido canceladas. Los pacientes que tenían prevista una intervención acudieron a primera hora y esperaron más de una hora en la zona quirúrgica sin saber que la huelga estaba en marcha. La suspensión generó malestar y preocupación entre quienes llevaban semanas o meses esperando una operación.
Mientras tanto, en el exterior, los manifestantes se concentraban para exigir al Gobierno de España la reclasificación profesional de numerosas categorías del Sistema Nacional de Salud. La protesta, convocada por CCOO y respaldada por otros sindicatos, reclamó el cumplimiento de una actualización laboral pendiente desde hace casi dos décadas.
El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, ya recogía la necesidad de reubicar categorías según las funciones que desempeñan en la práctica y el nivel de cualificación exigido por la normativa estatal y europea. Sin embargo, auxiliares de enfermería y otras categorías continúan en grupos profesionales inferiores al que les correspondería según la legislación.
En el caso de los auxiliares de enfermería y de farmacia, la normativa establece que deberían haber pasado del grupo C2 al grupo C1. Otras especialidades sanitarias del grupo C1 deberían haber sido reclasificadas al grupo B, como Técnicos y Técnicas Especialistas de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Radioterapia, Anatomía Patológica, Laboratorio, Documentación o Dietética.
CCOO recuerda que ha reclamado esta actualización desde 2007 y que el Gobierno se comprometió a iniciar la reclasificación en 2022 dentro del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, un documento cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2024 sin avances. El sindicato insiste en que el cambio beneficiaría a miles de profesionales en toda España y a unas 2.000 personas en el ámbito del SAS en la provincia de Huelva.
La jornada de hoy ha puesto de manifiesto esa doble cara: por un lado, unos profesionales que reclaman que se cumpla una obligación legal pendiente desde hace años; por otro, familias que han visto cómo sus intervenciones quirúrgicas eran anuladas sin aviso previo, obligándolas a reprogramar cirugías y volver a empezar un proceso que para muchos supone nervios, desplazamientos, permisos laborales y semanas de preparación.
