Opinión

Por qué Pedro Sánchez no debe ser presidente (III)

Lo que analizamos en las dos entregas anteriores (https://www.huelvahoy.com/opinion/pablo-gea/que-pedro-sanchez-debe-ser-presidente-i/20230818131327278996.html y https://www.huelvahoy.com/opinion/pablo-gea/que-pedro-sanchez-deber-ser-presidente-ii/20230824112859279392.html) ha quedado respaldado por los hechos que han acontecido recientemente, y que no permiten albergar la más mínima duda sobre la catadura de Pedro Sánchez como actor político y del PSOE al completo. Pues la organización que dirige se ha contaminado de sus vicios y maneras de tal forma que no cabe exonerarla de la responsabilidad por las nefastas consecuencias que para el país tendrán sus acciones.

Con todo, no conviene olvidar que la Amnistía, la condonación de la deuda tributaria y la negociación del referéndum de autodeterminación son tan sólo el culmen de una demolición controlada del Estado de Derecho que se ha venido produciendo desde que Pedro Sánchez accedió al poder. La memoria es frágil, y en el olvido quedan los dos Estados de Alarma declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Fórmula deliberada por cuanto que lo adecuado habría sido declarar el Estado de Excepción. Lo que sucede es que este último obliga a obtener previamente una autorización del Congreso de los Diputados para proceder a las restricciones, mientras que en el de Alarma no. En consecuencia, se limitó de manera ilegal la libertad de acción de los ciudadanos con un alcance que sólo podría haberse hecho por medio del Estado de Excepción, no con el Alarma. Con la idea de sortear el control parlamentario, se escogió esta última vía.

La cosa no quedó ahí y, al margen de que para no echar a perder el negocio político del 8-M se ocultase a la población la auténtica gravedad de la Pandemia, de nuevo quedó clara la inconstitucionalidad del cierre de las Cortes Generales al amparo de aquella. La monitorización y el control de las opiniones discrepantes con la gestión gubernamental constituyeron en su momento un escándalo mayúsculo que sacó a relucir la pulsión totalitaria de socialistas y comunistas que, lejos de los postulados liberales de la democracia parlamentaria y en consonancia con su ideología genuina, trató de aprovechar la excepcionalidad para ganar posiciones al Estado de Derecho.

El cual poco gana, además, con el nombramiento como Fiscal General del Estado de la exministra Dolores Delgado, y como director del CIS de José Félix Tezanos. A lo que hay que sumar el control e instrumentalización discrecional del Tribunal de Cuentas y del INE, especialmente para favorecer a los independentistas y socios de coalición. Pero lo peor vino con la pretendida reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos necesaria para la renovación del Consejo General del mismo, y sustituirla por una mayoría absoluta. De manera que el Gobierno pudiera designarlo a placer sin tener que contar con la oposición, reflejando una mayoría "progresista" en el órgano. Es decir, una orientación política para lo que debería ser una Justicia independiente. Una ilegalidad palmaria que sólo pudo ser frenada por presiones de la Unión Europea.

No contento con eso, Sánchez y sus socios se sacaron de la manga otra ley que limitaba las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Limitación que variaron para se pudiera nombrar a los vocales del Tribunal Constitucional. Completando así el asalto también a este último tribunal con el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Díez, exdirectora general del Ministerio de la Presidencia. Y pretendiendo modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar el examen de idoneidad previo de los nuevos magistrados, lo que fue recurrido en Amparo por la Oposición, con una nueva sentencia de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Sánchez.

Las tropelías gubernamentales han llegado a un esperpento tal que corren el peligro de normalizarse. Ya no hablamos sólo de los indultos a los independentistas, vergonzoso preludio de la actual amnistía, sino también de indultos ideológicos con 'perspectiva de género' para Juana Rivas y María Sevilla, ambas culpables de graves delitos contra menores recogidos en el Código Penal. El objetivo: contentar a un lobby agresivo y discriminatorio que da votos. Lobby que ha inspirado la desgraciada ley del 'sólo sí es sí' que, en su afán de eliminar la distinción entre del delito de abuso y el de agresión sexual, ha rebajado las penas mínimas y ha beneficiado a miles de delincuentes sexuales. Sólo por esto debería haber dimitido todo el Ejecutivo en bloque y haber convocado elecciones.

Por no hablar de la ley 'trans', que ha elevado la autopercepción al rango de jurídicamente vinculante, al margen de la biología. Provocando por ello la desprotección de los menores ante las prácticas de modificación genital y abriendo la puerta a situaciones tan insólitas como el internamiento de varones agresores sexuales en cárceles de mujeres, Si no mentamos también un régimen sancionador agresivo y desproporcionado para quienes cuestiones los 'dogmas de Fe' ideológicos que alberga dicha ley.

Finalmente, es indiscutible el hecho de que quienes se presentaron como garantes de la lucha contra la corrupción han modificado y seguirán modificando el Código Penal a la carta por mantenerse en el poder. Pues es insoslayable que la despenalización de la Sedición y la rebaja de la Malversación obedece a la clara intención de beneficiar a los delincuentes independentistas y a los propios correligionarios de partido, imputados y condenados en su mayoría por estos delitos.

España, de la mano de Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios de extrema izquierda, independentistas y herederos de ETA, se ha degradado institucionalmente hasta el punto de que las bases del Estado de Derecho no existen. La única certeza es que la Ley, la Justicia y los Derechos (con mayúsculas) de los ciudadanos están en función del interés político de los partidos gobernantes. Y cuando esto sucede, la Democracia muere.