El tiempo, ese juez implacable que pone siempre las cosas en su sitio, ha dictado su veredicto sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, pues estamos en una ausencia manifiesta de presupuestos generales del Estado. No los hubo en 2024, y no los habrá en 2025. Subsiste el actual ejecutivo con los que aprobaron en 2023 cuando el país lo regía un grupo de ministros distintos a los de ahora, un auténtico despropósito, consecuencia de la falta de confianza de sus socios en el Congreso. En una democracia madura, esto no es solo una anomalía; es una grave irresponsabilidad institucional, una renuncia tácita al deber más básico de un ejecutivo, que es, gobernar conforme a las reglas de la Constitución.
Lo dice con claridad el artículo 134 de nuestra Carta Magna: Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación. Es decir, el Gobierno debe presentar los presupuestos. No es una opción, es un mandato constitucional. No hacerlo —por cálculo político, por cobardía parlamentaria o por simple negligencia— constituye una grave desafección hacia el marco legal que todos nos dimos. Y Pedro Sánchez, con la ministra María Jesús Montero a su lado, ha preferido escabullirse.
La ministra de Hacienda, con su tono áspero y sus siempre forzadas sonrisas, ha demostrado una alarmante ineficacia para articular algo tan esencial como las cuentas del Estado. Ha convertido el Ministerio de Hacienda en una oficina de propaganda, no de planificación fiscal. Donde debe haber previsión, hay improvisación. Donde debe haber equilibrio, hay desorden. Y lo más grave, donde debería haber transparencia, sólo hay opacidad.
Estas son las ironías o los caprichos del destino, ya que cuando gobernaba Mariano Rajoy, Pedro Sánchez le exigía que, un gobierno sin presupuestos está incapacitado para gobernar con legitimidad democrática. Hoy, con su aferramiento al sillón de La Moncloa, hace exactamente lo que criticaba. No hay presupuestos, no hay diálogo parlamentario real, y cada día que pasa, la maquinaria del Estado va quedando más al ralentí. En cada sesión de control, la bancada popular, liderada por Núñez Feijóo se encarga de recordárselo.
No hay política sin presupuestos, dijo el socialista Indalecio Prieto. Son el alma del gobierno, recordaba el liberal Sagasta.Y es que los presupuestos no son una formalidad contable, sino el retrato de un país, el espejo de sus prioridades, el esqueleto sobre el que se articula el bienestar de los ciudadanos. Sin presupuestos, España navega sin rumbo, con los motores encendidos por inercia, pero sin destino claro. ¿Qué clase de piloto abandona la carta de navegación en mitad de la travesía?
Pero claro, la narrativa oficial insiste en que la economía va como un cohete, así le gusta repetirlo a la ministra Montero. Y en parte es cierto. Sólo que el combustible de esa astronave no proviene del Gobierno central, sino del trabajo callado, eficaz y comprometido de las comunidades autónomas. Son ellas —especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular— las que han bajado impuestos, reducido trabas burocráticas, incentivado el emprendimiento y sostenido la creación de empleo.
Territorios autonómicos como Andalucía, Madrid o Galicia, han demostrado que otro modelo económico es posible, el de la gestión, el del sentimiento de pertenencia, el de la libertad fiscal. Mientras en La Moncloa se entretienen haciendo equilibrismo parlamentario con independentistas y radicales, en estas regiones se administra con seriedad, se proyectan infraestructuras, se protege a las familias y se fomenta la innovación.
Pequeño detalle, sí. Pero decisivo. Porque cuando los presupuestos no llegan desde el Consejo de ministros, la responsabilidad recae, inevitablemente, en quienes han perdido de vista lo esencial, que es el servicio al ciudadano y la contribución al mejoramiento de sus vidas.
Manuel García Félix
Diputado Nacional en el Congreso por la provincia de Huelva
