He tomado la palabra en el hemiciclo, desde el escaño que me otorga la representación popular, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a un tratado que, más allá de su armazón jurídico, encierra un espíritu profundamente político y moral. Hoy quiero transformar esa intervención en una reflexión más amplia, casi literaria, sobre el significado de ese compromiso entre naciones que llamamos tratado internacional.
Porque un tratado, además de ser un documento firmado entre dos gobiernos, es un testimonio de confianza mutua. Una pieza del gran mosaico que sostiene el orden internacional. Una apuesta por la civilización frente al caos. En él se concentra la conciencia de que los Estados no pueden vivir aislados, y que la seguridad, la justicia y la estabilidad se construyen con alianzas sostenidas y con la convicción de que los desafíos del siglo XXI no entienden de fronteras.
Cuando defendí el Tratado de Extradición entre España y el Reino Hachemí de Jordania, firmado el 5 de junio de 2025, hablaba de procedimientos y garantías, pero también del alma misma de la cooperación internacional. Dijo alguna vez Winston Churchill que las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes; solo intereses permanentes. Y entre esos intereses, el más noble y compartido es la justicia.
Este tratado, holístico en su concepto de globalidad, como tantos otros que vertebran las relaciones entre Estados, es una respuesta consciente a un mundo donde el crimen, la corrupción y el terrorismo se mueven a la velocidad de los mercados y se ocultan en las grietas de los sistemas legales. No es un acto de desconfianza hacia otros pueblos, sino una alianza para evitar que los enemigos de la ley encuentren refugio en ninguna parte. Es, en definitiva, la constatación de que la justicia no puede ser local si el delito es global.
He defendido siempre que la política exterior no debe ser un escaparate, sino un pilar del Estado. Y que, para ser eficaz, debe sustentarse en el prestigio institucional, en la solidez jurídica y en la credibilidad de nuestras decisiones. Por eso he señalado, sin ambages, que ninguna nación puede permitirse enviar al mundo señales de improvisación, debilidad o instrumentalización de sus instituciones. La justicia, la nuestra y la que proyectamos internacionalmente, debe ser tan firme como imparcial. Con este acuerdo se fortalece nuestra situación en el Mediterráneo y Oriente Medio.
Los tratados internacionales, decía Robert Kennedy, expresan la justicia organizada de un pueblo. Y es así. Cada cláusula, cada definición técnica, cada principio incluido en su texto, es una declaración de intenciones. No permitir que los que están fuera de la ley encuentren un resquicio para escapar de la legalidad y proteger a nuestros ciudadanos con instrumentos modernos y eficaces.
Por eso este tratado entre España y Jordania no es un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo de Estado. Es la afirmación de que nuestro país sigue comprometido con un orden internacional basado en la cooperación y el respeto a la dignidad humana. Es la convicción de que la ley, cuando se aplica con rigor y humanidad, fortalece la libertad.
Desde el escaño, desde la convicción que me guía, lo dije en el Parlamento y lo repito ahora: apoyar este tratado es apoyar a España. Es situarnos en el lugar que nos corresponde, entre las democracias que entienden que la seguridad no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida.
Manuel García Félix Diputado nacional en el Congreso por la provincia de Huelva
