Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF advierten de que cientos de miles de aves migratorias se ven obligadas a concentrarse en lugares donde son legalmente cazables, al no haber suficientes zonas inundadas en los espacios protegidos del parque
N. A.
Doñana está seca. "Tras una década sin años húmedos y un acuífero sobreexplotado, la falta de lluvias al inicio de este otoño ha propiciado que el humedal más importante de Europa no pueda ofrecer el entorno adecuado para muchas de las especies que vienen a pasar la invernada, en especial, las aves acuáticas", según alertan en una nota conjunta Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF. Por ello, engarzan, esos alados "se ven obligadas a concentrarse en aquellos lugares donde aún queda agua y está permitida la caza en temporada de acuáticas".
En los márgenes del espacio natural de Doñana la temporada de caza se inició el pasado 14 de noviembre, "sin que las aves puedan resguardarse en espacios vedados como el Parque Nacional por la falta de agua debido a la sequía", denuncian las mencionadas organizaciones conservacionistas que se han dirigido por carta a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, y a la directora general del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Araceli Cabello para solicitarles formalmente que se aplique el artículo 55 de la Ley andaluza de la Flora y la Fauna Silvestres que establece la prohibición de cazar en "días de fortuna", entre los que se encuentran aquellos provocados por la sequía.
Los ecologistas insisten en que Doñana "está viviendo una extraordinaria sequía", de hecho, recuerdan que "el 80% del territorio de la cuenca del Guadalquivir fue declarado el 2 de noviembre en 'situación excepcional por sequía extraordinaria'". Esto está provocando que "las aves acuáticas se estén viendo obligadas, al no haber suficientes zonas inundadas en los espacios protegidos de Doñana y su entorno, a concentrarse en lugares donde son legalmente cazables, como arrozales, balsas de riego, entre otros", recalcan.
Las tres organizaciones han remitido también sendas cartas al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, y al director del Espacio Natural, Juan Pedro Castellanos, con el fin de que se sumen a su petición "en beneficio de la conservación de las especies acuáticas consideradas cinegéticas del entorno del espacio protegido".
A juicio de esas entidades "verdes", España "tiene una enorme responsabilidad internacional" en relación al coto, que "se declaró Parque Nacional, entre otras cuestiones, por su importancia como humedal de invernada para muchas aves migratorias europeas, entre las que destacan la grulla común, la cigüeña negra o la garceta grande, dentro de las no cinegéticas, y especialmente, el ánsar común, entre las cinegéticas". "Estas especies emblemáticas de las marismas del Guadalquivir están vinculadas de forma vital con los humedales -se añade en la nota-, dependiendo de ellos para su alimentación, descanso y reproducción".
Se trata de aves "que paran en Doñana en su viaje desde los países escandinavos, Holanda, Alemania, oeste de Polonia y la República Checa, por lo que la salud y el número de sus poblaciones dependen en gran medida de las condiciones que se encuentren" en las marismas andaluzas. A ello hay que coser que los estudios de la Estación Biológica de Doñana, organismo dependiente del CSIC, indican que la mitad de esos animales amenazados que invernan en Doñana "presentan una tendencia de conservación negativa, como la cerceta pardilla, en peligro crítico de extinción, y que no se diferencia en sus rasgos y forma apenas de la cerceta común; o el porrón pardo, que se puede dar por extinto a nivel local".
La medida solicitada "cuenta con un antecedente en el año 1998 tras la catástrofe de Aznalcóllar, cuando se aplicaron 'días de fortuna', es decir, la prohibición y la limitación de caza de acuáticas y otras especies en Doñana", anotan las tres entidades. En ese punto, apostillan que "tiene un carácter extraordinario y pretende fundamentalmente beneficiar a la propia actividad cinegética". Por esto, entienden que "las administraciones públicas deben ser capaces de adaptar las vedas y períodos de caza a los nuevos retos que plantea el cambio climático, como sequías prolongadas".
